Estado Argentino reconoce su responsabilidad en el asesinato del activista afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez

Publicación en Página 12 del 13/1/2021

Hoy, miércoles 13 de enero de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el diario Página 12 el resumen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual el Estado Argentino reconoce su responsabilidad en la detención arbitraria y el posterior asesinato a golpes en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires del activista afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez el 5 de abril de 1996.

En marzo del año pasado, durante la audiencia pública realizada ante la Corte Interamericana,los representantes del actual gobierno hicieron un reconocimiento total de los hechos y las violaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 146/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuando así un drástico y bienvenido cambio en la posición oficial que había sido sostenida durante años -que consistía en negar y encubrir el asesinato. 

La publicación del resumen de la sentencia en un diario de circulación nacional es la primera medida de reparación solicitada por la Corte. Esperamos que las otras continúen en tiempo y forma (ver abajo).

Este desenlace no hubiera sido posible sin la ardua, mayormente solitaria y titánica lucha de Angel Acosta por la reivindicación de la memoria y de los derechos humanos de su hermano José.

revista Noticias (19/4/1997)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2020

(Fondo, Reparaciones y Costas)

El 31 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina (en adelante “Argentina” o “el Estado”) por l as violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor José Delfín Acosta Martínez y sus familiares: su madre, Blanca Rosa Martínez, y su hermano, Ángel Acosta Martínez. En particular, la Corte consideró que la privación de libertad a la que fue sometido José Delfín Acosta Martínez fue ilegal, arbitraria y discriminatoria, ya que se basó en el uso de estereotipos raciales y en una legislación que no cumplía con los estándares convencionales. Además, declaró la responsabilidad del Estado por la afectación a la integridad personal y posterior muerte de José Delfín Acosta Martínez mientras se encontraba bajo custodia de autoridades estatales. Asimismo, el Tribunal concluyó que se dio una indebida investigación de los hechos y que se afectó la integridad personal de los familiares de José Delfín Acosta Martínez. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como por la violación a los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Ángel Acosta Martínez y Blanca Rosa Martínez.

Angel Acosta, hermano de José, declarando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (10/3/2020)

I. Hechos

En la Sentencia, la Corte advirtió que la detención y muerte de José Delfín Acosta Martínez, ocurrieron en un contexto general de discriminación racial, violencia policial y utilización de perfiles raciales en Argentina.

Los hermanos José Delfín y Ángel Acosta Martínez, de nacionalidad uruguaya y afrodescendientes, migraron hacia Argentina en 1982. Ahí fundaron el Grupo Cultural Afro dedicado a la difusión de la cultura afro y a la lucha contra la discriminación racial. En la madrugada de del 5 de abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez se encontraba en las inmediaciones de la discoteca “Maluco Beleza” en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. A l lugar llegaron dos patrulleros de la Policía Federal Argentina, de donde descendieron varios policías que interpelaron a Wagner Gonçalves Da Luz, ciudadano brasileño afrodescendiente que se encontraba también en el lugar. Los policías indicaron que habían recibido una denuncia anónima de que en el lugar se encontraba una persona armada, que estaba provocando disturbios. De esta forma, procedieron a requisar a Wagner Gonçalves Da Luz contra el patrullero. Ante esta situación, Marcelo Gonçalves Da Luz, hermano de Wagner, trató de intervenir para evitar que su hermano fuera detenido. Ambos fueron arrestados y trasladados en un patrullero. José Delfín Acosta Martínez protestó por la detención de los hermanos Gonçalves Da Luz, alegando que “sólo los arrestaban por ser negros”, por lo que también fue detenido e introducido a un patrullero. Al momento de las detenciones, los policías revisaron a los tres detenidos y comprobaron que ninguno de ellos portaba armas. Asimismo, constataron, mediante el sistema dígito radial, que no existían órdenes de captura en su contra. A pesar de lo anterior, las tres personas fueron trasladadas a la Comisaría 5 de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

En el registro de ingreso se consignó como motivo de detención de José Delfín Acosta Martínez, la aplicación del Edicto de ebriedad que penaba con multa o arresto a aquellas personas que se encontraran en completo estado de ebriedad o bajo la influencia de alcaloides o narcóticos. Durante su detención, el señor José Delfín Acosta Martínez sufrió una serie de lesiones y perdió el conocimiento, por lo que se llamó a una ambulancia. El médico del servicio de emergencias procedió a revisar a José Delfín Acosta Martínez, y decidió trasladarlo a un centro médico, sin embargo, el señor Acosta Martínez sufrió de un paro cardiorrespiratorio y falleció en la ambulancia.

Angel (izq.) y José Acosta Martínez (centro) en un ensayo de candombe del Grupo Cultural Afro en Parque Lezama

El deceso de José Delfín Acosta Martínez fue comunicado a su hermano, Ángel Acosta Martínez, en la tarde del 5 de abril de 1996. Al realizar el reconocimiento del cadáver, constató que el cuerpo presentaba numerosas marcas de golpes. Las conclusiones de las diferentes pericias médicas no permitieron aclarar la cantidad de alcohol y cocaína consumidas por José Delfín Acosta Martínez, ni su estado al momento del arresto, así como tampoco el origen de las lesiones encontradas en su cuerpo. Finalmente, en el 2014, se solicitó a la Procuraduría Especializada contra la Violencia Interinstitucional (PROCUVIN), una investigación sobre los hechos del caso. Esta Procuraduría, a su vez, solicitó un informe a la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el cual fue presentado el 27 de julio de 2015. En este informe se determinó que “José Delfín Acosta Martínez presentó numerosas lesiones que no se corresponden con los patrones habituales de autolesionismo y algunas de ellas son producto claro del accionar policial (como las lesiones de sujeción en ambas muñecas), estando en custodia” y que “el análisis extemporáneo de los autos permite inferir un nexo de concausalidad entre las múltiples lesiones observadas y la intoxicación por alcohol y cocaína, con la muerte de quien en vida fuera José Delfín Acosta Martínez”.

José Acosta Martínez, junto al profesor de capoeira Yoji Senna, en la revista El Porteño (1988)

Como consecuencia de la muerte de José Delfín Acosta Martínez en 1996 de oficio se dio apertura a una instrucción. Sin embargo, el 25 de abril de 1996, el juez resolvió archivar el sumario, considerando que no existió delito. Luego de la realización de la autopsia en Uruguay, la parte querellante solicitó la reapertura de la instrucción, la cual fue dispuesta el 12 de mayo de 1998. En el marco de esta reapertura se ordenaron nuevas pericias y se recibieron nuevas declaraciones. Por auto de 5 de agosto de 1999, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción No. 10 dispuso el archivo de la causa, al determinar que no hubo ningún delito, indicando que la muerte del señor José Delfín Acosta Martínez fue producto de los efectos del alcohol y drogas, sumado a las lesiones auto-impuestas. La parte querellante interpuso varios recursos contra el archivo de la causa, los cuales fueron todos desestimados. Asimismo, los familiares de José Delfín Acosta Martínez denunciaron que durante el proceso de investigación fueron víctimas de intimidaciones y amenazas.

Finalmente, mediante auto de 14 de marzo de 2019, la causa fue nuevamente desarchivada y asignada a la PROCUVIN.

  1. Reconocimiento de responsabilidad internacional

El Estado, durante la audiencia pública realizada ante la Corte el 10 de febrero de 2020, hizo un reconocimiento total de los hechos y las violaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 146/18 de la Comisión Interamericana. Este reconocimiento fue reiterado en los alegatos finales escritos, en donde solicitó a este Tribunal que estableciera las medidas necesarias para reparar de manera integral las violaciones de derechos humanos cometidas. En virtud de este reconocimiento, la Corte consideró que había cesado la controversia respecto de: a) la vulneración al derecho a la libertad personal del señor José Delfín Acosta Martínez (artículo 7.1 de la Convención), en relación con el 1.1 de la Convención; b) la ilegalidad y arbitrariedad del arresto y la detención del señor José Delfín Acosta Martínez (artículos 7.2 y 7.3 de la Convención) en el marco de un contexto de discriminación racial (artículos 1.1 y 24 de la Convención), en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención); c) la falta de información sobre las razones de su detención, en perjuicio del señor José Delfín Acosta Martínez (artículo 7.4 de la Convención); d) las circunstancias de su muerte en una comisaría en vulneración del derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención) y a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención); e) la vulneración a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), en perjuicio de los familiares por los efectos que produjo la muerte de José Delfín Acosta Martínez y, f) la vulneración a las garantías judiciales (artículo 8 de la Convención) y a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), en perjuicio de los familiares de José Delfín Acosta Martínez.

III. Fondo

La Corte consideró que, a pesar del reconocimiento total de responsabilidad del Estado en relación con las determinaciones realizadas por la Comisión en su Informe de Fondo, era necesario proceder a determinar y precisar los alcances de la responsabilidad estatal en relación con la ilegalidad y la arbitrariedad de la privación de libertad del señor José Delfín Acosta Martínez, con el fin de desarrollar la jurisprudencia en la materia y de procurar la correspondiente tutela de derechos humanos de las víctimas de este caso. Para ello se centró en: 1) el análisis del marco normativo aplicable y de la ilegalidad de la detención y, 2) el análisis de la arbitrariedad de la detención y su relación con el principio de igualdad y no discriminación.

De acuerdo con la versión policial, el arresto y la detención de José Delfín Acosta Martínez se realizó en aplicación del Edicto Policial sobre Ebriedad. De esta forma, es a partir de esta normativa que la Corte analizó los requisitos establecidos por el artículo 7.2 de la Convención. La Corte recordó que este artículo garantiza que únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Esta reserva de ley implica, a la vez, una garantía formal, en el sentido que toda restricción debe emanar de una norma jurídica de carácter general emanadas de los órganos legislativos constitucionalmente previstos, y una garantía material: el respecto del principio de tipicidad. Con respecto a esta segunda garantía, la Corte ha desarrollado la necesidad de certeza, es decir que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben de estar delimitas de la forma más clara y precisa que sea posible. En el caso concreto, la Corte consideró que el Edicto de Ebriedad y otras Intoxicaciones, al señalar como conducta sancionable el encontrarse “en completo estado de ebriedad”, empleó una redacción ambigua e indeterminada que dejaba un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. Asimismo, subrayó que la sanción de la mera condición de estar ebrio, sin hacer referencia a que le conducta desplegada por el infractor afectase o pusiese en peligro a sí mismo o a terceros, trasciende los límites del ius puniendi estatal, por lo que resulta contraria a la Convención. La Corte subrayó, que lo anterior no es óbice para que, bajo ciertos supuestos, el consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas pueda ser sancionado cuando vaya asociado a conductas que puedan afectar los derechos de terceros o poner en peligro o lesionar bienes jurídicos individuales o colectivos. De esta forma, al haber aplicado una normativa inconvencional, la Corte consideró que el Estado violó los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de este instrumento.

Asimismo, la Corte consideró que el arresto y detención del señor José Delfín Acosta Martínez no solamente fueron ilegales, sino también arbitrarios. En efecto, subrayó que la actuación de la policía estuvo motivada más por un perfil racial que por la sospecha de comisión de un ilícito. En efecto, las únicas personas que fueron interpeladas a la salida de la discoteca eran afrodescendientes y, a pesar de que no contaban con antecedentes y no portaban armas, fueron arrestadas y conducidas a la Comisaría. El carácter amplio de la normativa de los edictos policiales les permitió a las fuerzas policiales, a posteriori, justificar su intervención y darle una apariencia de legalidad. Es por ello que, al basarse verdaderamente en la utilización de perfiles raciales, el arresto y detención del señor Acosta Martínez fueron discriminatorios y, por consiguiente, arbitrarios. La Corte concluyó entonces en la violación de los artículos 7.1, 7.3 y 24 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio del señor José Delfín Acosta Martínez.

IV. Reparaciones

La Corte estableció que su sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:

a) Obligación de investigar: continuar las investigaciones en el marco del expediente No. 22.190/1996 que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos sucedidos al señor Acosta Martínez, así como establecer la verdad sobre los mismos, tomando en especial consideración el contexto de violencia policial por racismo y discriminación.

b) Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de amplia circulación nacional, y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Estado.

c) Garantías de no repetición : 1) incluir en el curso de formación regular de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina, capacitaciones sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como el uso de perfiles raciales en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones, y la sensibilización sobre el impacto negativo que su utilización tiene sobre las personas afrodescendientes, y 2) implementar un mecanismo que registre las denuncias de las personas que aleguen haber sido detenidas de manera arbitraria, con base en perfiles raciales y de un sistema de registro y estadísticas sobre la población afrodescendiente en el país.

d) Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, así como las costas y gastos. De igual forma, se ordenó el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo integrada por la jueza y jueces siguientes: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique. El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

El texto íntegro de la sentencia (47 páginas) puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_410_esp.pdf

Este mismo resumen (4 páginas), pero en pdf, se puede bajar de:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_410_esp.pdf

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/racismo/fallo-historico-obligan-a-policias-a-capacitarse-contra-el-racismo-nid24102020/
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2013/04/el-caso-jose-delfin-acosta-en-los-medios.html
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2010/04/homenaje-jose-delfin-acosta-martinez.html
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2011/04/hoy-se-cumplen-15-anos-del-asesinato-de.html
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2012/04/jose-delfin-acosta-martinez-in-memoriam.html
http://alejandrofrigerio.blogspot.com/2014/07/el-caso-jose-delfin-acosta-martinez.html

La Ley de Educación Superior es discriminatoria. Viola los derechos constitucionales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes

por Daniel Mato (UNTREF/CONICET)

Desde la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero deseamos  expresar nuestra adhesión a la muy bien argumentada respuesta de las/os colegas del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos al artículo tan lamentablemente racista publicado por Infobae el pasado 15 de noviembre..

Suscribimos y hacemos propia la respuesta del GEALA, a la que modestamente deseamos contribuir llamando la atención respecto de que la autora de la nota publicada en Infobae es una licenciada en historia. Este «detalle» debe llamar nuestra atención acerca de la necesidad de revisar las bases mismas de nuestro sistema de educación superior, una de cuyas debilidades radica en el desajuste entre la ley que la regula y nuestra Constitución Nacional.

Es necesario adecuar la Ley de Educación Superior para que se ajuste plenamente a los derechos establecidos en la Constitución Nacional. Hacer esto es necesario no solo para asegurar los derechos constitucionales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sino también para asegurar la calidad de la formación profesional que brindan nuestras universidades y otros tipos de instituciones de Educación Superior.

Racismo y Educación Superior en Argentina

De ningún modo ponemos en duda la necesidad de asegurar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Tampoco cuestionamos la libertad de pensamiento y de expresión. Pero, el hecho de que graduadas o graduados universitarios den muestras tan elocuentes de racismo, y de que medios de comunicación de amplio alcance en cuya política editorial seguramente también intervienen profesionales, difundan ideas racistas y negadoras de derechos constitucionales obliga a preguntarnos acerca del papel del sistema de educación superior en la construcción del país en que queremos vivir y deseamos dejar a las futuras generaciones.

El sistema de Educación Superior resulta clave para asegurar los derechos humanos de todos los sectores de la población nacional, en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales y/o que prestan servicios a una población social diversa para lo cual no son apropiadamente preparadas/os. Además, y especialmente importante, se forman comunicadores sociales y docentes para todos los ciclos del sistema educativo, con capacidad de difundir el racismo hacia toda la sociedad.

En el sistema de Educación Superior argentino el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y cuadros docentes y de gestión. Esta baja participación es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado  “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe” (Mato 2020a).  Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y que aún cuando lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a los en Países Independientes. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), la LES no dispone nada al respecto, es decir no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. Esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. [1]

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de los conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas/os sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes de estos pueblos. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Geler et al, 2018; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020a; Núñez, 2019; Ocoró Loango, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Actualizar la Ley de Educación Superior para asegurar derechos constitucionales

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018) emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras enfatizó la necesidad del erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje, así como la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias. Argentina se encuentra muy atrasada en esta materia respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil

 La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo en el año 2002, cuando mediante Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones a la LES destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras esto no se haga será discriminatoria de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

[1] He analizado estos problemas de la Ley un poco más detalladamente en una publicación reciente (Mato 2020b)

Imagen: El Nacimiento del Jigue –Ever Fonseca Cerviño, artista afrocubano.

Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Referencias

Artieda, T., Rosso, L., Luján, A. y Zamora, A.L. 2017. Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad. Mato, D. coord.,  Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña: EDUNTREF. pp.: 41-56.

CRES 2018. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, Declaración Final. Disponible aquí.

Geler, L., Egido, A.,  Recalt, R. y Yannone, C. 2018.  Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita. Población & Sociedad 25 (2): 28-54.

Guaymás, A. 2018. Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones. Mato, D. coord., Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina.  Caracas: UNESCO –IESALC y Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, pp.: 37-62.

Ivanoff, S.L, y Loncon, D.L. 2016.  Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafios. En Mato, D. coord., Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña: EDUNTREF. pp. 431-440.

 Loncon, D. 2019. La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias. Colección Apuntes Nro. 15. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Disponible aquí.

Mancinelli, G. 2019. Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Mato, D. 2020a. Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina. Estudio de caso preparado para el “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción»  (Global Education Monitoring Report – GEM 2020). Disponible aquí.

Mato, D. 2020b. Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional. Revista Movimiento . 10-11-2020. Disponible aquí.

Nuñez, Y. 2019. Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones.

Ocoró Loango, A. 2019. Las múltiples formas del racismo. Colección Apuntes Nro. 13. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Disponible aquí.

Ossola, M.M. 2003. Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Sulca, O. 2019. La discriminación que no me contaron… La viví.  Colección Apuntes Nro. 13. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero.  Disponible aquí.

La tenaz persistencia del mito de la «Argentina blanca» y «sin racismo»

Desde el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA) del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dejamos sentada nuestra posición frente a la publicación de la nota del periódico Infobae con fecha 15 de noviembre de 2020, bajo el título “El Gobierno afirmó que en Argentina “opera un racismo estructural” para justificar la creación de una comisión”.

Como cientistas sociales de distintas disciplinas cuyas investigaciones se centran en temáticas afrodescendientes y de racialización en Argentina destacamos que la mencionada nota incurre en errores y omisiones que conducen a conclusiones completamente equivocadas y políticamente malintencionadas. Esto es, justamente, lo que sucede cuando se desconsidera la opinión del único afrodescendiente entrevistado (cuando son precisamente los  afrodescendientes quienes saben cómo debieron vivir su condición como un estigma y cómo padecen el racismo cotidianamente)  y tampoco se consulta a quienes estudian, investigan y desarrollan estas temáticas desde hace décadas.

Infobae asegura recoger la “opinión de los historiadores” sobre la creación de una comisión del INADI para el reconocimiento histórico de lxs afroargentinxs. Pero “los historiadores” no forman un grupo homogéneo y se dividen, entre otras cosas, por su incumbencia en distintos campos de especialización. Además de tener perspectivas y posiciones muchas veces encontradas, existen conocimientos históricos y antropológicos específicos que han sido pasados por alto en la nota y cuya ausencia refuerza los discursos de invisibilidad de una población afroargentina que se ha mostrado resiliente a la imposición de un proyecto de nación que les niega la posibilidad de ser argentinos y afrodescendientes (el “y” es la clave aquí).

En la investigación encomendada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Banco Interamericano de Desarrolllo (BID) a Rodolfo Stavenhagen en 2001, se define al racismo estructural como a “profundas desigualdades económicas (…), marginación social (…), exclusión política y subordinación cultural (…) que conforman un cuadro histórico de discriminación persistente (…) enraizado en las estructuras de poder y de dominio que han venido caracterizando a las sociedades latinoamericanas durante siglos”. Es decir, el concepto de racismo estructural está señalando la persistencia de estructuras de desigualdad que suelen quedar veladas, ocultas y que a diferencia de lo que sugiere la nota de Infobae no necesitan asemejarse al apartheid sudafricano o a una segregación espacial – y que nuestro país, efectivamente, no vivió. A partir de este desconocimiento inicial sobre lo que sería realmente el «racismo estructural» el artículo encadena una serie de argumentos generales que, por provenir del ámbito académico y por ser enunciado por investigadores de prestigio internacional, refuerzan las ideas de armonía, mestizaje e integración que justamente reproducen el racismo estructural que se quiere negar.

Son precisamente las investigaciones históricas actuales las que demuestran que esa integración nacional fue discutida y sufrida por lxs afroargentinxs. De hecho, el proyecto de nación homogénea que celebra lo europeo y la blanquitud como modernidad y civilización integradora que se impuso en el siglo XIX está aún vigente no sólo en el imaginario nacional –como demuestra la nota– sino en algo tan palpable como en la Constitución Nacional, selectivamente citada por Infobae. En su artículo 25 nuestra Carta Magna continúa afirmando que el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea.

La supuesta inexistencia local de racismo estructural también se desmiente con estudios estadísticos recientes. Los pocos trabajos locales sobre desigualdad social que incluyen como variable el color de piel de las personas, demuestran empírica e inequívocamente que ésta tiene en Argentina, al igual que en otros países de Latinoamérica, consecuencias significativas sobre las posibilidades de acceso a la educación y en el posicionamiento en el mercado de trabajo.

Un estudio de Edward Telles y Liza Steele, profesores de la Universidad de Princeton, que utiliza datos del Barómetro de las Américas para ver la relación entre logros educativos y color de piel demuestra que nuestro país, al igual que el resto de Latinoamérica, puede ser descripto como una «pigmentocracia». Por su lado, otro cuidadoso trabajo de Pablo Grande y Agustín Salvia, con datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, señala que «no tener un color de piel blanco expone a las personas -independientemente de su nivel educativo, sexo y edad– a condiciones desfavorables en el mercado de trabajo». ¿Alguien que viva en Argentina puede dudar que las personas «no blancas» muestran mayores índices de desempleo, mayores posibilidades de obtener empleo precario sin seguridad social y sufren significativas desventajas salariales y sociales?

Estos trabajos académicos brindan carnadura estadística a los numerosos testimonios de discriminación cotidiana de lxs individuxs cuyo fenotipo los ubica fuera del espectro de la Argentina imaginada, integrada, «blanca» y «europea». En esa Argentina opera sin cesar una discriminación constante que las investigaciones de historiadorxs, antropólogxs y otrxs científicxs sociales que trabajan codo a codo con las organizaciones afrodescendientes en el país denuncian desde hace años, conformando una academia comprometida con la realidad social, involucrada en la producción conjunta de conocimientos y en ofrecer miradas novedosas que puedan generar cambios sociales, siempre apuntando a una mayor igualdad social.

Porque el racismo estructural es el que provoca que las maestras de escuela primaria les digan a sus alumnxs que no pueden ser afrodescendientes, porque en el país los descendientes de esclavizadxs “desaparecieron”. O que lxs profesores de colegios secundarios enseñen que la esclavitud fue “bondadosa” porque fue doméstica y no de plantación. O que las representaciones de lxs afrodescendientes en los medios de comunicación se basen pura y exclusivamente en las ideas de salvajismo, hipersexualidad y corporalidad desmedida. Ese racismo estructural es el que hace que se les pregunte a lxs afroargentinxs una y otra vez si son brasileros o uruguayos. Es el que promueve los discursos que estigmatizan a las religiones de matriz africana y que las señale como espacios de barbarie y criminalidad. Afrodescendiente, de hecho, es un concepto que remite a una historia específica que no puede ser confundida con autoproclamarse ítalo-argentino o español-argentino. Los italianos y los españoles migraron, los afro descienden de personas secuestradas en África y obligadas a trabajar y morir en la esclavitud. A diferencia de los españoles e italianos argentinos, no es posible para un afrodescendiente ir a buscar a sus ancestros.

El racismo estructural es lo que permite que se siga pensando que en la Argentina no hay racismo, y que el proyecto de nación integró sin costo alguno, sin desacreditar el dolor y la memoria de quienes por sus cuerpos y por sus ancentrxs son no sólo distintxs sino desiguales. Por eso la lucha y la importancia de una academia comprometida con el presente. Por eso la necesidad de que sea el propio Estado quien esté al frente del esfuerzo por desandar siglos de racismo. Un Estado argentino que, por otro lado, ha asumido el compromiso, nacional e internacionalmente y más allá de los gobiernos de turno, de llevar a cabo políticas activas para revertir la invisibilización de los afroargentinos y luchar contra la discriminación racial. *

A través de todo lo expuesto, esperamos que quede claro que la investigación académica actual y especializada -tanto desde la historia como desde la antropología y la sociología- ven en nuestra «tradicional» narrativa celebratoria del mestizaje un verdadero deseo de proclamar la «blanquedad» del pais, que precisamente oculta la discriminación y el racismo que sufren diariamente miles y miles de compatriotas.

* Por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri el 15 de agosto de 2017 se comprometió a «elaborar un programa nacional para la aplicación del “Decenio Internacional de los Afrodescendientes»